Los modalidades de asignación anteriormente expuestas están recogidas en el marco legislativo vigente: la coexistencia entre aguas privadas y públicas (se mantendrá al menos hasta 2043), y la diferencia entre consumo propio o de terceros. Por ello se plantea potenciar aquellas ventajas y aspectos positivos que ofrecen las fórmulas actuales, al tiempo que corregir las limitaciones y aspectos negativos de las mismas.

Respecto al mercado se pretende mejorar la transparencia, favorecer la competencia equilibrada, eliminar algunas barreras al transporte y explicitar sus costes, al tiempo que establecer controles internos propios.

Las modalidades de servicio público deben internalizar todos sus costes, haciéndolos explícitos y eludiendo subvenciones que no son sostenibles ni siquiera a medio plazo. Asimismo requieren incrementar la profesionalización de la gestión y afrontar las nuevas inversiones de implantación de infraestructuras con fórmulas de colaboración público-privada ante las dificultades financieras de las administraciones públicas.